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En un mundo donde las urbes crecen de manera acelerada, la inversión pública y privada se convierte en la clave para edificar ciudades resilientes, sostenibles y altamente conectadas. Este artículo analiza cómo los presupuestos históricos de países como Chile, México y Honduras están transformando el paisaje urbano, así como las tendencias, retos y oportunidades que definirán las metrópolis del mañana.
La infraestructura es mucho más que carreteras y puentes: es el esqueleto que sostiene la calidad de vida urbana y el motor del crecimiento económico. En Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) destinará en 2025 un récord de US$4.128 millones a programas habitacionales e inversión urbana. En Honduras, el presupuesto aprobado alcanza los US$3.1 mil millones, superando los US$2.7 mil millones ejecutados en 2024. Mientras tanto, México proyecta invertir 836.6 miles de millones de pesos (aprox. US$49.000 millones) en infraestructuras públicas, representando el 2.3% de su PIB, aunque con una reducción del 12.7% respecto a 2024.
Estos montos evidencian la relevancia de la infraestructura como herramienta de inclusión social y competitividad global. Sin embargo, la distribución de recursos sigue siendo desigual, y es urgente adoptar modelos eficientes que integren financiamiento público, concesiones y alianzas público-privadas.
La transformación digital y desarrollo de ciudades inteligentes avanza a pasos agigantados. Se espera que el mercado global de infraestructura urbana inteligente supere los US$31.535 millones en 2025 y alcance los US$1.135.524 millones en 2035. Paralelamente, el segmento de Internet de las Cosas (IoT) para smart cities crecerá un 18.1% anual, llegando a US$312.2 mil millones en 2027.
Estas innovaciones permiten gestionar el consumo y mejorar la eficiencia, reduciendo costos operativos y minimizando la huella de carbono. La colaboración entre sectores públicos y privados es esencial para acelerar este proceso.
Invertir en infraestructura genera un impacto tangible en la vida de millones de personas. Desde la reducción de tiempos de traslado hasta el acceso confiable a servicios básicos, las ciudades se transforman en espacios más seguros y prósperos. Además, la obra pública impulsa sectores clave como la construcción, la energía y la tecnología, promoviendo la creación de empleo y la formación de mano de obra especializada.
Esta comparación demuestra la necesidad de mejorar la inversión pública en la región para equiparar estándares internacionales y responder a las crecientes demandas urbanas.
A pesar de las oportunidades, persisten desafíos en la ejecución de proyectos: restricciones fiscales, incremento de costos de materiales y desigualdad en la asignación de recursos. En México, por ejemplo, sólo el 26% del presupuesto se destina a infraestructura social (educación, salud y seguridad), mientras el 74% se enfoca en energía y comunicaciones.
Frente a ello, cobran relevancia las alianzas público-privadas, los bonos verdes y los fondos de inversión especializados. Asimismo, implementar programas de formación técnica y certificación profesional contribuye a garantizar la retención de trabajadores locales y la calidad de los proyectos.
Ciudades como Barcelona y Singapur lideran la aplicación de gestión inteligente de energía y agua mediante IoT. Sus modelos han logrado optimizar el consumo, reducir emisiones y mejorar la experiencia ciudadana.
En América Latina, el impulso de proyectos de transporte sostenible —como los autobuses eléctricos integrados en redes multimodales— ha demostrado beneficios compartidos entre autoridades y comunidades. Estos casos evidencian la importancia de fortalecer la participación ciudadana y diseñar esquemas de financiación mixtos que incentiven la innovación.
De cara a la próxima década, se abre un horizonte prometedor. El mercado de infraestructura urbana inteligente crecerá exponencialmente, generando oportunidades para empresas tecnológicas, constructoras y proveedores de servicios públicos. En regiones emergentes, la transición hacia modelos sostenibles y digitalizados cerrará brechas respecto a economías desarrolladas.
Gobiernos, inversionistas y sociedad civil deben unir fuerzas para diseñar políticas de largo plazo, fomentar la colaboración multisectorial y garantizar que la infraestructura sea inclusiva. Solo así lograremos construir ciudades resilientes, prósperas y vibrantes.
La decisión de hoy definirá el rumbo de las generaciones futuras. Invertir de manera estratégica en infraestructura no es un costo, sino la mejor apuesta para forjar el futuro que merecemos: ciudades donde la innovación, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas converjan en armonía.
Referencias
